El sábado 28 de marzo de 2025, el gobierno italiano emitió un decreto-ley (Decreto-Ley N.º 36 del 28 de marzo de 2025) que introduce cambios significativos en la adquisición de la ciudadanía italiana por descendencia (ius sanguinis). Esta medida marca un punto de inflexión en el enfoque del país respecto al reconocimiento de la ciudadanía, generando preocupación entre muchos solicitantes potenciales en todo el mundo.
Este artículo tiene como objetivo ofrecer una explicación clara del contexto y las motivaciones que llevaron al gobierno italiano a tomar una acción tan urgente y excepcional en relación con la ciudadanía por descendencia. En lugar de centrarse en los detalles técnicos del decreto o las nuevas normas, aquí se busca proporcionar el contexto esencial y una visión general sobre por qué se introdujo esta medida de emergencia y qué señala para el futuro.
La noticia tomó por sorpresa a todos, incluso a los expertos en ciudadanía italiana. Todos nos preguntamos, ¿qué provocó una acción tan urgente y aparentemente confidencial? La respuesta se encuentra en dos documentos clave: el Decreto-Ley N.º 36 y el Proyecto de Ley para su Conversión.
Es importante aclarar que el Decreto-Ley N.º 36 ya está en vigor, ya que los decretos-leyes de emergencia adquieren fuerza inmediata al ser publicados. Sin embargo, como se explica más adelante, aún existe la posibilidad de que no se convierta en ley ordinaria dentro del plazo requerido, en cuyo caso perdería su validez legal de manera retroactiva. El Proyecto de Ley, por otro lado, como su nombre indica, es simplemente una propuesta en esta etapa. Debe pasar por el proceso legislativo ordinario completo antes de poder ser promulgado, y por lo tanto, actualmente no tiene ningún efecto legal.
Según la propia explicación del gobierno, la decisión de recurrir a un decreto de emergencia se debió a una combinación de urgencia, incoherencias legales y presión administrativa. Además, el gobierno destacó la necesidad de hacer frente a un número creciente de solicitudes de ciudadanía, especialmente aquellas basadas en el ius sanguinis (ciudadanía por descendencia), muchas de las cuales provienen de personas con poca o ninguna conexión concreta con Italia. Este fenómeno había llegado a un punto que amenazaba con saturar consulados, municipios e incluso tribunales.
Además, el gobierno temía que realizando el proceso legislativo oridinario, se provocaría una “carrera hacia las ventanillas”, es decir, una avalancha repentina de solicitudes para asegurar la ciudadanía bajo las reglas actuales, las cuales son más permisivas, antes de que entraran en vigor los cambios. Este escenario, descrito metafóricamente como un posible “Black Friday de la ciudadanía”, corría el riesgo de paralizar el sistema administrativo público durante meses, o incluso años.
Por último, el decreto tenía como objetivo prevenir más disparidades legales y procedimentales, especialmente aquellas derivadas de diferencias de interpretación entre los tribunales y las autoridades administrativas. En lugar de esperar un largo proceso parlamentario, que podría invitar a una oleada de solicitudes de último minuto, el gobierno optó por una acción rápida para preservar el funcionamiento institucional y garantizar un enfoque más coherente y sostenible respecto a la ciudadanía italiana en el futuro.
Sí, el decreto-ley ya está en vigor desde el día de su publicación. Sin embargo, según la ley italiana, se trata de una medida legislativa de emergencia que debe convertirse en ley ordinaria en un plazo de sesenta días para mantener su validez legal. Este proceso está sujeto a límites de tiempo y regulaciones constitucionales (artículo 77 de la Constitución Italiana), y puede tener uno de los siguientes tres resultados posibles:
Por estas razones, actualmente no es posible ofrecer una explicación definitiva. En este momento, debemos esperar la conversión formal del decreto-ley en legislación ordinaria o la expiración del período de sesenta días, tras lo cual la medida dejará de tener efecto a menos que sea confirmada por el Parlamento.
Considerando la firme justificación del gobierno y la urgencia estratégica con la que se introdujo el decreto, existe una alta probabilidad de que el decreto-ley sea convertido en ley dentro del plazo establecido.
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